La pequeña parte que hemos podido conocer extraoficialmente a través de una filtración del Anteproyecto de la Ley del Aborto, y que supuestamente se incluye en el Anteproyecto de Ley que el Ministerio de Igualdad pretende aprobar en el próximo Consejo de Ministros, evidencia la profundamente sesgada y contraria posición ideológica de nuestro gobierno con respecto a la gestación subrogada.
Y más allá de que el pensamiento es libre y respetable, y de que las ideologías nos pertenecen a cada uno y nos son propias, pierden su legitimidad cuando basándonos en ellas atacamos al que no piensa o siente igual, dado el desvío que ello supone del camino que la democracia nos enseña e instaura. Y esto es lo que está sucediendo con el meritado Anteproyecto y su tratamiento de la gestación subrogada, siempre y cuando resulte cierto el contenido filtrado.
Y ello porque no sólo muestra el posicionamiento ideológico subjetivo frente a esta forma de convertirnos y hacer familia, si no que la ataca de modo feroz e irracional, con el consiguiente daño a personas, familias y niños. Y todos, niños y familias, no lo olvidemos, están firmemente protegido por las Convenciones Internacionales de las que España es parte, que por tanto resultan vulneradas.
Analizando desde una perspectiva jurídica, sin entrar en su pobreza técnica, observamos con preocupación el intento de convertir y definir como una conducta delictiva y punible cualquier proceso de gestación subrogada que ayude a convertir en padres y/o madres a ciudadanos españoles, procesos que se desarrollan en Estados donde la técnica reproductiva mencionada está normativamente regulada.
Desde el punto de vista penal, un proceso desarrollado en un país extranjero donde es legal, existiendo además una resolución judicial o administrativa que ampara y protege el resultado del mismo y ratifica su ajuste a la norma, es difícilmente (por no decir imposible) de calificar y sancionar como delito aquí. Solo pueden ser calificados de delitos internacionales aquellos que como tales figuran en los convenios de los que España es parte (genocidios, delitos de lesa humanidad, por ejemplo), o bien aquellos que se reconozcan como delito en las legislaciones de los dos países afectados, esto es, aquel donde se desarrolla el proceso de gestación subrogada, y el nuestro. Por tanto, difícilmente este planteamiento puede llevarse a cabo.
Además, no podemos dejar de recordar todas las resoluciones y recomendaciones que hemos ido recibiendo desde el TEDH en aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos del que España es parte, en defensa de los derechos de las familias y los menores, y que se incorporan a nuestro sistema legal, instando y obligando a nuestro Estado a articular los procedimientos necesarios para el reconocimiento de los derechos de los menores, y de sus familias. Testigos hemos sido de la condena a varios países europeos por intentos mucho menos agresivos que el presente.
El artículo que menciona el texto que hemos conocido describe un tipo legal que para nada puede identificarse con un proceso de gestación subrogada como los que nosotros defendemos y realizamos: todas las partes involucradas (mujer gestante, padres y/o madres intencionales) son libres, formadas, informadas, apareciendo la autonomía de la mujer gestante como el primer y más importante principio a defender y proteger.
Por todo ello, creemos que lo que estamos observando no es más que otra maniobra de desprestigio social de la gestación subrogada desde los sectores sociales contrarios a esta práctica, intentando con ello generar una impresión social negativa con el consecuente impacto disuasorio, puesto que visto el encuadre descrito no parece vislumbrarse una consecuencia mayor. Otros países que equivocadamente han realizado intentos similares, alguno de los cuales lleva en vigor tiempo, y nunca ha habido en ellos ninguna familia formada por gestación subrogada que haya sufrido consecuencia penal alguna derivada de su proceso. Y los ciudadanos de dichos Estados continúan convirtiéndose en padres y madres por gestación subrogada, recurriendo para ello al igual que los españoles a países donde es legal, y recibiendo con alegría a sus hijos, que son inscritos previos los trámites pertinentes como ciudadanos y como sus hijos.
Una vez conozcamos el texto definitivo que se eleve y apruebe el consejo de ministros, podremos opinar con más concreción. Mientras, sigamos defendiendo a nuestras familias y nuestros niños.
Y un mensaje para nuestros representantes políticos: señoras y señores del gobierno español, señores parlamentarios, no hablen de nosotros y de las mujeres gestantes, hablen con nosotros, hablen con las mujeres gestantes.
Quizá descubran la verdadera realidad.
Equipo jurídico de la Asociación Son Nuestros Hijos.
15/05/2022